La agenda agropecuaria busca hacerse de un lugar de mayor peso dentro de los pasillos del Congreso de la Nación. Esta semana, en Diputados, un proyecto que busca agravar penas por vandalismo rural consiguió dictamen favorable.
Se trata del proyecto impulsado por los diputados Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, del PRO, quienes consiguieron el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. En total se obtuvieron 41 firmas adherentes.
Ahora, cumplida la instancia de debate en comisión, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción.
Según explicó la Fundación Barbechando, habitual espacio de monitoreo de temas agropecuarios dentro del Congreso de la Nación, “en reunión de Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma al Código Penal para que el ingreso no autorizado en un campo sea un delito y ya no una contravención”.
Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto, sostuvo que “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior”.
Además destacó que se trataría de “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.
LO QUE DICE EL PROYECTO
En materia de intrusión rural se establecerían penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
“El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior. Tipificar como delito (NdR: sin crear una nueva figura) esta conducta evita que quede relegada al terreno impreciso de las contravenciones locales”, expuso.
También, en “daño agravado”, se establecen penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva.
“Sin duda la afectación no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente”, plantearon desde Barbechando.
“El Congreso tiene la oportunidad de dar una respuesta histórica frente al vandalismo rural”
Otro de los planteos expuestos por los impulsores va de la mano con que el marco legal vigente “protege el domicilio urbano bajo el principio de inviolabilidad”, aunque en el ámbito rural, en cambio, “el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento, aun cuando cumple una función análoga como delimitar un espacio privado destinado a la producción y a la vivienda”.
“Esta desigualdad se agrava por las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado que dificultan el acceso, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad”, comentaron desde Barbechando.
Otro de los factores destacados tiene que ver con la diversidad territorial, y que cada región “tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad, presencia del Estado y acceso a la seguridad”.
“No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia”, compararon.
“Desde Fundación Barbechando queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho: necesitamos un marco normativo de largo plazo que dé seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo de nuestro país”, señalaron.
ELOGIOS DESDE EL RURALISMO
Conocida la noticia, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) destacaron este avance como parte del trabajo institucional que la entidad viene desarrollando para que el vandalismo rural tenga una respuesta específica dentro del Código Penal.
“El proyecto fue elaborado e impulsado por CRA y busca atender una problemática que afecta no solamente los bienes de los productores, sino también el trabajo, las familias rurales y la continuidad de los ciclos productivos“, indicó la entidad que integra la Mesa de Enlace.
En este camino, el dirigente de CRA César Guatti llevó la posición de la entidad al Congreso de la Nación y participó de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, donde defendió la necesidad de contar con herramientas legales frente al ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños intencionales sobre cultivos, ganado, silobolsas, forrajes e infraestructura productiva.
Guatti remarcó que el objetivo no es solicitar privilegios para el sector, sino contar con una legislación que permita proteger la producción y a las familias que viven y trabajan en el campo.
“Para CRA, el dictamen representa un paso dentro de un reclamo que la entidad viene sosteniendo en representación de los productores y de las sociedades rurales de todo el país. La seguridad rural forma parte de las condiciones necesarias para producir, invertir y generar arraigo, y por eso CRA continuará llevando esta problemática a los ámbitos institucionales correspondientes, promoviendo herramientas que permitan prevenir, investigar y sancionar los hechos que afectan a la producción agropecuaria”, agregó la institución que encabeza Carlos Castagnani.
Por su parte, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) emitieron un cominicado en el que valoraron “positivamente” el dictamen de mayoría alcanzado en la Cámara de Diputados, porque “se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país”.
Para la entidad que conduce Pablo Ginestet, es un paso adelante pensando en “las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que los que viven en las zonas urbanas”.
“Para quienes producen y viven en el campo, estos hechos no son una cuestión abstracta. Son daños concretos sobre el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de productores y familias del interior. Por eso, de cara al tratamiento del proyecto en el recinto, CARBAP hace un llamado a todos los diputados, pero especialmente a los de Buenos Aires y La Pampa, para que, más allá de las posiciones políticas que puedan existir sobre otros temas, a la hora de votar esta iniciativa pongan por delante la necesidad concreta de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria”, remarcaron.
Y prosiguieron: “Entendemos y respetamos las diferencias políticas y partidarias propias del debate democrático. Pero hay cuestiones que deben poder construirse como políticas de Estado. La seguridad rural y la protección de la producción no deberían quedar atrapadas en esas diferencias”.
Por eso, convocaron a todos los legisladores a analizar el proyecto por su contenido y por la respuesta que puede brindar a una problemática real del interior productivo.
“La discusión política no debería convertirse en un obstáculo para avanzar sobre una necesidad concreta que afecta a quienes viven y trabajan en el campo”, añadieron.
Desde CARBAP valoraron además el trabajo de los legisladores que hicieron posible este dictamen y esperamos que el debate en el recinto permita avanzar en una respuesta concreta.
“La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos”, cerraron.
APOYO DE PROVINCIAS UNIDAS
Por otra parte, el legislador nacional de Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez, celebró el avance de la Ley contra el vandalismo rural, porque consideró que “es fundamental para modernizar la protección de los productores”.
Al respecto, Carlos Gutiérrez (PU) –secretario de la comisión- celebró “haber logrado un avance racional y, en lugar de buscar una reforma profunda -difícil de consensuar-, modificar los artículos necesarios para modernizar la protección hacia los productores”.
“Los artículos 150bis y 184bis que se incorporan en este proyecto son un aporte fundamental para establecer una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente”, explicó el legislador, quien aseguró que “la realidad actual muestra que la sola existencia de un alambrado o una tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo, un verdadero dolor de cabeza para los productores”.
Por eso, consideró “muy importante” la firma del dictamen acordado, así como que “que la Comisión de Agricultura se ponga en movimiento, porque detrás de este tema también están la Ley de Biocombustibles, la Ley de Semillas y la eliminación de las Retenciones al Campo”.
Carlos Gutierrez, diputado nacional
Y agregó: “Es bueno que se promueva el desarrollo de Vaca Muerta con el Súper RIGI, pero también es bueno que los proyectos que impulsan la Vaca Viva tengan tratamiento en el Congreso”.