El punto central fue la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino —también conocido como San Jorge—, que prevé una inversión de u$s 559 millones para la explotación de cobre en Uspallata. Tras pasar la instancia de Diputados con 32 votos a favor y 13 en contra, la definición final queda en manos del Senado provincial, que tratará el expediente el 9 de diciembre.
La votación marcó un contraste contundente con 2011, cuando el mismo proyecto fue rechazado de manera unánime. Ahora, con nuevos inversores y un rediseño técnico, el oficialismo sostiene que la minería «responde a estándares modernos» y a una «necesidad económica urgente».
El jefe del interbloque oficialista Cambia Mendoza, Enrique Thomas, afirmó que la provincia «arranca de cero» y cuestionó la resistencia social de hace 14 años, que —según dijo— «frenó el desarrollo minero». Para justificar el avance del proyecto, se valió de los índices de pobreza y empleo público en Uspallata, argumentando que la megaminería será «motor de inversión y empleo privado».
Junto con el proyecto San Jorge, Diputados aprobó otras tres leyes centrales:
• Fondo de Compensación Ambiental, que se financiará con multas, impuestos e indemnizaciones, destinado a «mitigar daños ambientales», «atender emergencias» y «ejecutar obras de restauración» cuando el responsable directo no pueda o no quiera asumir costos.
• Nuevo régimen de regalías, que adecua la normativa provincial al máximo del 3% en «boca mina» establecido por la Ley Nacional 24.196. El esquema distribuye un 88% a Rentas Generales —con un 15% afectado al Fondo de Desarrollo Socioambiental— y un 12% a los municipios adherentes para obras públicas y ambientales.
• Declaraciones de Impacto Ambiental del Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que habilitan 27 proyectos de exploración en Malargüe, con lo que el departamento ya suma 65 iniciativas de explotaciones megamineras en total.
A pesar del consenso mayoritario en las tres normas, el interbloque del PJ votó en contra de la DIA de PSJ Cobre Mendocino. Su jefe, Germán Gómez, sostuvo que el proyecto «no cumplió plenamente» con la Ley 7722 de defensa del agua, y lamentó que el oficialismo «no buscara acuerdos más amplios». Recordó además que el PJ impulsó un proyecto similar cuando fue gobierno pero debió retirarlo «por falta de condiciones políticas».
La sesión legislativa estuvo acompañada por una fuerte movilización social opositora desde tempranas horas. Asambleas ambientales, organizaciones sociales y vecinos de Uspallata se concentraron frente a la Legislatura y resolvieron mantener el estado de alerta hasta la votación en el Senado.
El clima se tensó aún más tras un comunicado emitido el 25 de noviembre por el CONICET Mendoza, que cuestionó severamente la DIA del proyecto San Jorge. El documento señalaba que la empresa «no respondió adecuadamente a observaciones técnicas realizadas por instituciones provinciales y académicas, incluyendo la FUNC, IADIZA, el Departamento General de Irrigación y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCUYO».
Los científicos advirtieron deficiencias en cuatro ejes: recursos hídricos, biodiversidad, impacto socioeconómico y patrimonio. Entre las objeciones mencionaron el uso de datos hídricos previos a 2010, modelizaciones precarias de riesgo de contaminación, muestreos insuficientes de flora y fauna y la ausencia de un plan actualizado para evaluar impactos sociales en una zona con patrimonio histórico reconocido por UNESCO.
La viralización del comunicado generó un fuerte impacto, pero fue retirado horas después por orden de autoridades nacionales y provinciales, lo que motivó reclamos internos en el organismo y una asamblea de trabajadores del CONICET local.
El avance del proyecto San Jorge se inscribe en un contexto donde el oficialismo nacional impulsa la minería como uno de los motores económicos, acompañado por regímenes de inversión como el RIGI. Sus críticos, en cambio, consideran que la flexibilización ambiental, laboral y fiscal favorece un modelo extractivo que pone en riesgo recursos hídricos y territorios sensibles.
La media sanción del paquete minero en Mendoza refuerza esa disputa: para unos, es el inicio de una nueva etapa de desarrollo; para otros, una reedición de conflictos que marcaron la política provincial durante más de una década.
