En agosto de 2023, antes de las elecciones presidenciales, Carbap presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra las principales exportadoras de granos, nucleadas en Ciara-CEC. La acusación señalaba que estas firmas se beneficiaron con los «Dólar Soja» y los fideicomisos establecidos por el gobierno de Alberto Fernández, que implicaron un perjuicio económico para los productores, quienes habrían financiado indirectamente esas políticas.
Tras el cambio de gobierno, el expediente avanzó poco y finalmente fue desestimado el 30 de junio pasado. Carbap lamentó la decisión y expresó sospechas sobre el cierre abrupto del caso, sin haberse profundizado las líneas de investigación propuestas. Lo consideró especialmente llamativo, ya que coincidió con el anuncio del aumento de retenciones a las exportaciones, lo que generó un aluvión de declaraciones anticipadas (DJVE) con alícuotas menores, en una estrategia similar a la del «dólar soja».
Para Carbap, este accionar refleja una continuidad con el modelo anterior. Aunque el gobierno actual no ofrece un tipo de cambio especial, como hacía Massa, lo compensa con reducciones temporarias en las retenciones, lo que mejora el tipo de cambio implícito para los exportadores.
En su denuncia, Carbap advertía sobre una posible cartelización del sector, reclamando mayor transparencia en la formación de precios. Según la entidad, el expediente contenía elementos sólidos: las propias empresas habían admitido trasladar a los productores el costo del fideicomiso aceitero, funcionando como una «retención encubierta».
Este mecanismo, típico del kirchnerismo, dice Carbap, consistía en un fondo compensador que subsidiaba precios internos mediante recursos obtenidos de las exportaciones. En la práctica, las aceiteras no aportaron fondos propios, sino que descontaron el valor del fideicomiso a los productores.
Carbap también aportó actas internas que, según explicó, probaban la coordinación activa del sector en la implementación del fideicomiso. Junto con eso, presentó análisis detallados sobre los contratos forward, el fideicomiso del trigo, los programas de tipo de cambio diferencial y las distorsiones en el mercado de girasol. Esta última preocupación se agrava por la posible fusión de las dos principales compañías aceiteras, que concentrarían el 70% del mercado.
Sin embargo, la CNDC descartó toda posibilidad de colusión y no avanzó con las medidas propuestas. Según Carbap, ni siquiera se convocaron testigos ni se consideraron sugerencias clave para mejorar la transparencia del mercado.
«La decisión envía un mensaje preocupante: legitima la concentración, la opacidad y el abuso de posición dominante. El cierre abrupto del caso muestra que, más allá del cambio de signo político, las políticas de protección al sector exportador siguen vigentes», concluyó la entidad ruralista.
